Hace poco se cumplió el XXIII Aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en un momento clave en que, la práctica totalidad de comunidades del Estado se están posicionando para obtener una posición más favorable ante la reforma del Estado de las Autonomías. Desde TIERRA COMUNERA (TC) recordamos que fue Castilla y León, en 1983, el último territorio que se dotó de Estatuto de Autonomía, con un autogobierno recortado, carente de las competencias básicas que reclamaban sus ciudadanos para mejorar su calidad de vida, que no reconocía su carácter de Nacionalidad Histórica, que renunciaba a la existencia de un marco de cooperación con las demás comunidades autónomas castellanas, y que la situaba en condiciones de inferioridad respecto a las comunidades que accedieron a la autonomía a través del artículo 151 de la Constitución.
Ha pasado un año desde que Herrera y Villalba, el PP y el PSOE de Castilla y León, abrieran el proceso de la Reforma del Estatuto de Autonomía de esta Comunidad; perdido este tiempo, han pactado acelerar ahora el acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto de mínimos, que les permita salvar la cara ante el tiempo preelectoral que se avecina, pero sin cambiar gran cosa el texto actual y siguiendo con su convicción de que esta tierra es un mero escenario más de la batalla estatal que libran Zapatero y Rajoy.
Y es que la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, genera al PP y PSOE de esta Comunidad un debate incómodo, porque en el fondo están muy a gustito con el Estatuto actual. Hemos desaprovechado casi 25 años en el furgón de cola del Estado Autonómico, tiempo en el que otros han avanzado mucho, y sin embargo nuestra clase política actual, monopolizada casi en exclusiva por el PP y el PSOE están dispuestos a desaprovechar la ocasión histórica de situarnos en el pelotón de cabeza de las autonomías. Herrera y Villalba fieles a su papel de meros peones en las estrategias estatales de enfrentamiento de Rajoy y Zapatero, están nuevamente dispuestos a sacrificar los intereses de las gentes de esta tierra castellana.
A juicio de TIERRA COMUNERA (TC), el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, debe ser un texto ambicioso, que nos saque del furgón de cola del Estado de las Autonomías, y nos sitúe en el pelotón de cabeza, un texto que responda a las necesidades reales de los ciudadanos y no solo a los intereses de su clase política, un texto moderno y avanzado que nos coloque en el siglo XXI, y que parta del análisis de la situación real de esta Comunidad, de sus problemas específicos y de sus singularidades. Un Estatuto de Autonomía, en suma que permita a Castilla y León aprovechar la oportunidad que, tras 25 años de oprobios y olvidos, nuevamente se nos presenta.
Desgraciadamente, parece confirmarse que PP y PSOE en Castilla y León han escenificado un pacto para dotarnos de un Estatuto de mínimos, carente de competencias y de poder significativo para resolver las necesidades crecientes de los ciudadanos. Una prueba de ello se deduce de su acuerdo para denominar a Castilla y León Comunidad Histórica, una definición vacía e insípida, que no responde ni a la identidad de esta tierra, ni a su devenir histórico, una definición injusta y sorprendente, ya que estos mismos PP y PSOE han pactado en Valencia, Aragón, Baleares o Canarias denominar nacionalidad histórica a estas comunidades; ¿por qué se asustan ante la posibilidad de dar este nombre a Castilla y León. ¿Por qué piensan PSOE y PP que somos menos que los demás?. ¿Por qué están dispuestos a que sigamos siendo ciudadanos de segunda?.
Castilla y León ha formado parte durante siglos de una nación histórica, la Corona de Castilla, hoy troceada y disminuida. Los ciudadanos de esta tierra son conscientes de haber sido marginados y discriminados durante décadas, de que no se reconoce nuestro papel y nuestro importante sacrificio en la construcción de España, y hoy no aceptarán una definición discriminatoria e injusta, que nos relega aún más dentro del conjunto de las comunidades del Estado que carecen de cualquier peso político, económico o cultural. Cualquier denominación que recorte nuestros derechos como Nacionalidad Histórica, volverá a ser como una losa que nos aplaste aún más. Las denominaciones no son cuestiones meramente simbólicas. Las presiones de catalanes, andaluces, vascos o gallegos por definirse como nación, nacen de la convicción de que dotarse de unos nuevos textos estatutarios, les otorgará más privilegios y prebendas, mejores posiciones ante el debate de la financiación, que al final acabaremos pagando quienes no sepamos situarnos apropiadamente en el nuevo escenario autonómico.
El nuevo Estatuto de Castilla y León no es un documento legal intrascendente más, sino que debería convertirse en un instrumento clave para dotarnos de políticas propias para resolver problemas específicos como la despoblación, el envejecimiento, la ausencia de empleos cualificados para la juventud, la crisis del medio rural, el freno a la implantación de una industria de transformación propia o la incapacidad de desarrollar alternativas endógenas de puesta en valor de nuestro patrimonio natural, cultural, histórico y artístico. Ello exige el incremento de nuestro autogobierno, resolver de forma justa la polémica financiación de las autonomías, percibir la deuda histórica que el Estado tiene con nuestra tierra, y articular un modelo de desarrollo moderno y sostenible, que vertebre la Comunidad, dé protagonismo a la Comarcalización, descentralice las funciones administrativas de la Junta, cree medios de comunicación públicos, veraces e independientes, y nos dé el protagonismo que nos corresponde a los castellanos en España y Europa.
