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Los castellanistas han presentado la petición de documentación a través del senador de Coalición Canaria Pablo Rodríguez
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) quiere conocer los informes técnicos y jurídicos que han avalado el último trasvase desde el Tajo “ejecutado” el pasado fin de semana por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y que fue denunciado públicamente por varias Plataformas en Defensa del Tajo, y silenciado por parte del propio Ministerio.
Por ello, a través del senador de Coalición Canaria Pablo Rodríguez, han presentado una batería de preguntas al Ministerio y han pedido al Gobierno información oficial sobre los informes que avalan dicho trasvase, información que no ha sido publicada pese al derecho de los ciudadanos a acceder sin restricciones a la información medioambiental.
La cabecera del Tajo está en situación de emergencia desde mayo de 2017, cuando, debido a los excesivos trasvases realizados sin tener en cuenta las bajas aportaciones, los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía bajaron de la línea de los 368 hm3, el nivel transitorio de no trasvase establecido desde el anterior Plan hidrológico del Tajo de 2014. En enero de 2018 esta línea de no trasvase se fijará definitivamente en 400 hm3. Sin embargo esta línea mínima de no trasvase no garantiza en un periodo de sequía como el actual, todas las necesidades de la cuenca del Tajo (medioambientales, abastecimiento, regadío, hidroeléctricos, recreativos…), prioritarias en todo caso frente a los trasvases.
Según la legislación actual que regula el Trasvase Tajo-Segura, es ilegal trasvasar agua de la cabecera del Tajo por debajo del umbral de 368 hm³, sin que esta legislación en vigor haga distinción alguna entre “trasvases” y “derivaciones de agua entre particulares”.
Según informaciones facilitadas a la prensa por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, pues el Ministerio o la Dirección General del Agua no han aportado información alguna al respecto, el trasvase realizado entre los días 29 de septiembre y 1 de octubre ha sido de unos 2 hm³, y estaba avalado por informes de la abogacía del Estado.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS), solicitó hace varios meses a través del senador herrereño Pablo Rodríguez, los informes que avalaban los últimos trasvases realizados. De manera sorprendente, el Ministerio respondió enviando un CD que se encontraba vacío, habiendo sido de nuevo reclamada dicha información al Ministerio.
Las preguntas que el PCAS ha trasladado al Ministerio, y que fueron registradas ayer mismo en el Senado, son las siguientes:
– ¿Cuál es la opinión del Gobierno de España respecto al incumplimiento de la legalidad vigente en el trasvase de agua efectuado entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, con los embalses de cabeceara del Tajo por debajo del umbral mínimo para autorizar dichos trasvases?
– ¿Qué relación tiene el cese del anterior Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Miguel Antolín, con la decisión de llevar a cabo este trasvase ilegal?
– ¿Va la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a cesar a la Directora General del Agua por este atropello a la Ley y el maltrato continuado de la misma al río Tajo y a los ciudadanos de su cuenca, alineada de manera permanente con los lobbys trasvasistas?
– ¿Cuáles han sido y quién ha elaborado los informes técnicos y legales que han amparado este trasvase ilegal? Exigimos se nos facilite copia de esos informes.
– ¿Ha participado la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura en el dictamen que ha dado luz verde a este trasvase ilegal?
– ¿Cuándo va a efectuar el Ministerio una batimetría de los embalses de Entrepeñas y Buendía para conocer el estado real de los mismos y la capacidad real de almacenamiento?
– ¿Por qué se ha detenido el envío de agua a Levante si sólo se habían enviado unos 2hm³ de los 8 hm³ que, al parecer estaba previsto enviar? ¿Ha tenido algo que ver en esa paralización el hecho de que diversas entidades sociales y plataformas contra el Trasvase hayan “detectado” el envío ilegal de agua, que no había sido anunciado ni publicitado?
– ¿Prevé el Ministerio enviar más agua de manera ilegal al Segura, amparándose en supuestas “ventas de derechos entre particulares?
– ¿Es consciente el Ministerio que el Real Decreto Ley 15/2005, de 16 de diciembre, de medidas urgentes para la regulación de las transacciones de derechos al aprovechamiento de agua tenía una vigencia limitada, que fue ampliada por sucesivas prórrogas hasta el 30 de noviembre de 2009, estando derogado desde esa fecha, y que por lo tanto el trasvase llevado a cabo entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre no está amparado por dicho Real Decreto Ley?
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