El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) ha llegado a un acuerdo con la formación valencianista COMPROMÍS, para trasladar ante la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico del Congreso de los Diputados, cuyos trabajos comenzarán en breve, la realidad de Castilla y los planteamientos, necesidades y puntos de vista de las Comunidades Autonómicas Castellanas ante la reforma del modelo territorial español y ante una eventual modificación de la Constitución Española. Estos acuerdos se articulan dentro de la habitual cooperación política que mantienen formaciones como PARTIDO CASTELLANO (PCAS), Chunta Aragonesista y Compromís dentro de la cooperativa política PRIMAVERA EUROPEA.
En una serie de contactos entre los máximos responsables de la formación castellanista y de los integrantes del grupo parlamentario de Compromís en el Congreso de los Diputados, el portavoz de esta formación e integrante de la citada Comisión Territorial, Joan Baldoví, se ha comprometido a garantizar que las posiciones políticas del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) serán trasladadas a este foro parlamentario, tal y como igualmente hará COMPROMÍS con otras formaciones territoriales sin presencia en el Congreso de los Diputados, como es el caso de Chunta Aragonesista. A este respecto, los castellanistas han elaborado un listado de los temas que desean incluir en el orden del día de las sesiones de la Comisión de Reforma del Modelo Territorial Español, así como una relación de expertos propuestos para comparecer en el Congreso y presentar la posición política, económica y social de Castilla ante la cuestión territorial.
Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se considera imprescindible que el debate territorial articulado en el Congreso de los Diputados para los próximos meses incluya al menos las siguientes cuestiones:
- Garantizar la igualdad real entre todos los españoles en la calidad de la prestación de los servicios públicos básicos (salud, educación, infraestructuras, servicios sociales, etc…) con independencia de la comunidad donde residan o su pertenencia al ámbito rural o urbano, para lo cual es imprescindible la definición de un catálogo de servicios públicos y de un coste para su prestación que refleje cada realidad territorial y social.
- Establecer un modelo territorial que garantice la igualdad entre todas las Comunidades Autónomas, respetando las particularidades de cada territorio, pero rechazando el modelo vigente de “comunidades de primera y de segunda”.
- Definir y habilitar ámbitos de debate multilateral para la resolución de conflictos entre Comunidades y el Estado, evitando los pactos bilaterales (Estado-Comunidad Autónoma), oscuros y carentes de transparencia, mantenedores de agravios y privilegios como el reciente acuerdo entre PP, PSOE y Podemos, con el Gobierno Vasco, sobre el Cupo Vasco.
- Habilitar un Listado claro de competencias y su adscripción a un determinado nivel administrativo (Estado, Comunidad Autónoma, Municipios, Comarcas y Provincias) evitando duplicidades, invasiones competenciales y despilfarro del dinero público.
- Abordar la Financiación Autonómica y la Financiación Local, dotando de un marco de seguridad jurídica, de suficiencia económica, de corresponsabilidad fiscal y de garantías democráticas a sus procesos de acuerdo y revisión.
- Abordar de forma clara y transparente la imprescindible Solidaridad Interterritorial en el conjunto del Estado que supere situaciones tercermundistas como las actuales, en que la renta del País Vasco por habitante sea el doble que la de Extremadura, por ejemplo.
- Incluir los Intercambios Económicos no financieros entre Comunidades en los acuerdos de financiación, pues su exclusión supone un continuo empobrecimiento de territorios destinados por las políticas del Estado a ser meros exportadores de materias primas sin transformar, ahorro, mano de obra, energía, agua, etc..
- Convertir el Senado, actual cementerio de elefantes de los grandes partidos, un parlamento sin contenidos, en una auténtica Cámara Territorial, con presencia de los gobiernos autonómicos, que dote de proyección social, mediática y política a la articulación en Comunidades del Estado y que asuma competencias y decisiones en materia territorial.
- Incluir en el nuevo modelo territorial español la realidad de nuevas formas de ordenación del territorio inferior a las provincias pero superior a los municipios, como las Comarcas y las Áreas Metropolitanas. Así mismo abordar la realidad de las Entidades Locales Menores clarificando su funcionamiento democrático, su ámbito competencial y su sistema de financiación.
- Suavizar los desequilibrios de transferencias económicas entre territorios y comunidades, existiendo comunidades como Navarra y País Vasco, de la máxima renta y nula contribución a la solidaridad interterritorial, y otras como Madrid que aporta más de 19.000 millones de euros a esta solidaridad (el 60% del total a pesar de representar solo el 14% de la población española)
- Incluir la Despoblación como un elemento clave en la articulación territorial española y en su financiación, y diseñar una política de Estado para frenar la despoblación el envejecimiento de la mayor parte de las comarcas del interior peninsular (especialmente en Aragón y Castilla).
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS), formación contraria tanto al proceso de recentralización que impulsan el PP y C’s como al independentismo de algunos partidos periféricos, es partidaria de plantear una España Plural, donde las diferentes naciones culturales que coexisten en España puedan ejercer su autogobierno, en condiciones de igualdad Para ello los castellanistas consideran imprescindible avanzar hacia el reconocimiento de la unidad de Castilla, un primer paso de lo cual sería la recuperación del Consejo de las Comunidades Castellanas, planteado hace quince años por Gallardón, Bono y Herrera. La Unidad de Castilla no es una quimera historicista, sino una necesidad imprescindible para racionalizar el gasto económico de determinados servicios autonómicos, para garantizar la coordinación entre territorios muy intercomunicados social, cultural y económicamente como Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, entre otros, y para dotar de verosimilitud a una España Plurinacional o Plural, cuya formulación está hueca y vacía sin considerar una realidad como Castilla.
Los castellanistas consideran que la Reforma Territorial que proponen es lo suficientemente importante y ambiciosa como para ser incluída en un proceso más amplio de reforma de la Constitución Española, que actualice y modernice sus planteamientos, tras casi 40 años de vigencia, y que además de modificar el Capítulo VIII de la carta Magna, aborde la inclusión de un apartado de Derechos Sociales, todo lo cual justificaría su ratificación en Referendum por el conjunto del pueblo español, estableciendo un nuevo contrato cívico con la ciudadanía que supere el actual de periodo de crisis territorial, política, social y económica que padece el conjunto del país.
