El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) repregunta a Lacalle diferentes cuestiones y le recuerda la obligación legal de responder a la ciudadanía.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) ha presentado una batería de preguntas al Alcalde de Burgos, “todas ellas ya presentadas, incluso hace más de 4 años, y de las que no se ha obtenido respuesta”.
La formación comunera en sus escritos, recuerda a Javier Lacalle la obligación que tienen las Administraciones públicas de responder a las solicitudes de información que le requiere la ciudadanía, a juicio de Domingo Hernández Araico Presidente Provincial del PCAS, “parece que Lacalle no se aprendió bien la lección en su paso por los estudios de Derecho, pues incumple diferentes Leyes de manera recurrente”.
El Alcalde tiene obligación, de responder de forma efectiva a la ciudadanía, algo que no suele hacer, como deriva de la propia Constitución Española –artículo 103.1 y 105– el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, el artículo 69 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local –LRBL- o el El artículo 231.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
Al Alcalde de Burgos y a parte de los grupos de la oposición les queda muy grande lo de la participación ciudadana y la transparencia, como quedó demostrado explícitamente en el pasa Pleno Municipal de Diciembre. Por ello desde las filas castellanistas se vuelve a insistir en cuestiones que ya han sido planteadas por la formación en los últimos 50 meses.
En el Pleno de Diciembre de 2013, representantes del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) preguntaron al alcalde Lacalle, cuál era la Deuda Total del Ayuntamiento, y como se planteaba el Equipo de Gobierno del PP pagarla. Se aprovechó la ocasión, también para conocer las gestiones para librar al Consistorio de la deuda del “sobrecoste” del desvío. El máximo regidor burgalés, no contestó durante el Pleno, afirmando que su respuesta se realizaría por escrito en el plazo de 15 días; han pasado cuatro años y la respuesta permanece pendiente.
En Mayo de 2014 se preguntó en el Pleno sobre las gestiones realizadas para reclamar a la Junta de Castilla y León los importes del conocido como “céntimo sanitario”, de la flota municipal de vehículos, declarado ilegal por Tribunal Europeo de Justicia, no se obtuvo respuesta.
En Octubre de 2015, después de la queja elevada por el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) ante la ausencia de parada de autobús municipal en la puerta principal del HUBU, el Procurador del Común reconoce, “que la actual parada no es adecuada” (la situada junto al ascensor de acceso al Hospital). De igual manera el Procurador entiende, “…esta Defensoría que las partes implicadas deben mantener negociaciones oportunas a fin de mejorar el acceso de los usuarios del transporte urbano al mencionado Hospital…”
Por todo ello el Procurador del Común sugirió, hace ya MAS de DOS AÑOS, “que el Ayuntamiento acuerde iniciar las negociaciones oportunas con la Junta, con la empresa concesionaria de la gestión del Hospital y con el servicio de autobuses a fin de valorar la ubicación de la parada/s donde resulten más beneficiosas para acceder al Hospital.
¿Qué gestiones ha realizado el Ayuntamiento, desde 2015, para acatar la recomendación del Procurador? En caso de no haber realizado ninguna, como parece ¿qué acciones piensa el Sr. Alcalde emprender?
El 28 de septiembre de 2017 se preguntó sobre la desastrosa gestión de Lacalle en el aeropuerto de Burgos. Sin tener a la fecha de hoy respuesta. ¿Qué fue de los 45.000 euros de dinero público, que se tuvieron que adelantar en el verano de 2013, para asegurar la vuelta desde Mallorca de los viajeros que se quedaron en tierra por el abandono de la aerolínea Good Fly? ¿En qué estado se encuentra la reclamación por estafa de 274.000 euros, solicitados al consorcio de Villafría por parte de Leonair? La aerolínea leonesa aseguraba que el consistorio burgalés simuló la adjudicación de las operaciones, lo que obligó a la suspensión de las operaciones en junio del 2015 ¿Es cierto que no existió firma del contrato?