El PARTIDO CASTELLANO- TIERRA COMUNERA (PCAS-TC), ante la Junta General de Accionistas que se celebrará el próximo lunes 21 de diciembre, solicita al Ayuntamiento de Burgos que olvide la idea de disolver la Sociedad Deportiva, y articule otro tipo de solución para una entidad de la que es accionista de referencia, a pesar, de “sólo” poseer un 27,7% del accionariado, la mayoría del capital está en manos de empresarios burgaleses y cientos pequeños accionistas que poseen el 65,3%, además del 6,9% de la Diputación Provincial.
La entidad deportiva se convirtió en SAD (Sociedad Anónima Deportiva) al término de la temporada 1991-92. En una inexplicable decisión el Ayuntamiento de la ciudad, entró a formar parte de la entidad, para posteriormente tomar los responsables políticos de PP y PSOE, las riendas del equipo, copando la mayoría de los puestos del Consejo de Administración. El equipo pasó en dos temporadas de acabar en el 9º puesto de Primera División, a descender a 2ªB, además de acumular una importantísima deuda, provocada principalmente por la incapacidad de los políticos (PP y PSOE) presentes en el Consejo de Administración.
Ante esa catastrófica gestión de los munícipes, el Pleno del Ayuntamiento cedió la gestión del Real Burgos a Juan Antonio Gallego en 1994, a partir de ese momento el Consistorio se desentendió de la gestión de la entidad, pasando el actual Presidente a articular los mecanismos jurídicos y económicos necesarios para preservar el patrimonio municipal que supone el Real Burgos, reduciendo sus deudas a cero, y llevándolo incluso a competir en categoría nacional.
Antes estas circunstancias, en la que la entidad no supone ningún coste para las arcas públicas, y a la entidad no se le ha ofrecido ningún apoyo en las dos últimas décadas, desde las filas castellanistas no se entiende la intención de acabar con una parte de la historia del deporte burgalés, siendo la única SAD de la ciudad que cuenta con cientos de pequeños accionistas, salvo por la animadversión personal que Daniel de la Rosa mantiene con el actual Presidente de la Sociedad y las ganas de enterrar la catastrófica gestión del PSOE en el Consejo de Administración.
El Ayuntamiento de Burgos, accionista de referencia de la entidad, con un 27,7% del accionariado, tiene la obligación de preservar su Patrimonio, el de decenas de empresarios, y el de cientos de burgaleses, y buscar una salida a la entidad, que podría pasar por: acuerdos de filialidad, venta o incluso, utilizarla para articular una rentabilidad social, teniendo en cuenta que, desde 1993, no supone ningún coste para la ciudadanía de Burgos.
